Abogado penal en Colombia: defensa técnica y representación de víctimas

La mayoría de los procesos en Colombia se tramitan por el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004. Cada etapa tiene sus propios plazos y oportunidades, y una decisión mal tomada en una de ellas puede cerrar puertas en las siguientes. Por eso intervenimos desde el comienzo:

• Indagación. La Fiscalía reúne información antes de vincular formalmente a alguien. Contar con abogado en este momento permite saber qué se está investigando y preparar la defensa con tiempo.
• Audiencias preliminares. Legalización de la captura, formulación de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento. Suelen hacerse en un mismo día y en pocas horas, así que la preparación previa es decisiva.
• Investigación y acusación. Después de la imputación, la Fiscalía decide si acusa, si pide la preclusión o si aplica el principio de oportunidad.
• Audiencia preparatoria y juicio oral. Se solicitan y se controvierten las pruebas ante el juez. Aquí se juega buena parte del resultado.
• Incidente de reparación integral. Una vez en firme la sentencia condenatoria, la víctima puede reclamar la reparación de los daños causados.

Si su caso se rige por la Ley 600 de 2000, como ocurre con hechos anteriores al sistema acusatorio o con algunos procesos ante la Corte Suprema de Justicia, las etapas cambian y la defensa se ajusta a ese procedimiento.

Defender a una persona no se reduce a asistir a las audiencias. Un abogado penalista tiene que conocer la prueba que tiene la Fiscalía, encontrar sus vacíos y explicarle a su cliente, sin rodeos, qué opciones tiene y qué riesgo implica cada una. Esa es la manera en que trabajamos.

Qué hacemos en su defensa

• Acompañamiento en interrogatorios, entrevistas y diligencias ante la Fiscalía General de la Nación o la policía judicial.
• Representación en audiencias preliminares, incluida la discusión sobre la libertad y las medidas de aseguramiento.
• Análisis de los elementos materiales probatorios y construcción de la teoría del caso.
• Evaluación, con usted, de preacuerdos, principio de oportunidad u otras salidas, frente a la opción de ir a juicio.
• Recursos de apelación y, cuando procede, actuaciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia – Defensa de aforados.

Algunas conductas investigadas en lo penal también generan procesos disciplinarios o fiscales, sobre todo cuando involucran a servidores públicos o contratos con el Estado. En esos casos coordinamos la defensa con nuestra área de derecho administrativo, para que lo que se diga en un proceso no perjudique el otro.

El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 reconoce a las víctimas derechos propios dentro del proceso: ser informadas, aportar pruebas, ser escuchadas antes de que se apruebe un preacuerdo y reclamar la reparación. Para que esos derechos se cumplan, en la práctica hace falta alguien que los haga valer en cada audiencia.

Cómo acompañamos a la víctima

• Orientación desde la denuncia y seguimiento a la actuación de la Fiscalía.
• Solicitud de medidas de protección cuando hay riesgo para la víctima o su familia.
• Intervención en las audiencias y en la discusión de preacuerdos.
• Incidente de reparación integral para cuantificar y reclamar los perjuicios.

Damos especial atención a la violencia de género. El Estado colombiano tiene obligaciones concretas en esta materia; las analizamos en nuestro artículo sobre la Convención de Belém do Pará.

En la justicia transicional representamos a víctimas y a terceros afectados en el proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Un caso frecuente es el de quien compró de buena fe un bien que después fue embargado con fines de extinción de dominio. Explicamos ese escenario en dos artículos del blog: buena fe exenta de culpa ante medidas cautelares y el plazo para oponerse en extinción de dominio.

Cuando la justicia interna no responde, el caso puede llevarse al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Aquí explicamos cómo presentar una petición ante la CIDH.

• Procesos ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
• Delitos con implicaciones internacionales o transnacionales, incluidos los asuntos de cooperación judicial entre Estados.
• Violencia de género, con representación de la víctima en todas las etapas.
• Justicia y Paz: víctimas y terceros de buena fe afectados por medidas cautelares y pretensiones de extinción de dominio.
• Delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho o contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
• Lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
• Delitos electorales.
• Delitos informáticos.
• Delitos sexuales, en representación de las víctimas.

Si su situación no aparece en la lista, cuéntenos los hechos. Le diremos con franqueza si podemos asumirla.

Atendemos en nuestra oficina de la Calle 98 No. 21-50, oficina 902, en Bogotá, y asumimos casos en cualquier ciudad del país. Buena parte de las audiencias penales se realiza hoy de forma virtual, lo que nos permite acompañar procesos en otras regiones sin demoras. Cuando una diligencia exige presencia física, coordinamos la asistencia con anticipación.

La primera conversación puede hacerse por videoconferencia o por WhatsApp, para que usted no tenga que desplazarse antes de saber si su caso requiere actuación inmediata.

1. Primera conversación. Escuchamos los hechos e identificamos la etapa del proceso y los plazos que están corriendo.
2. Revisión de documentos. Estudiamos las actuaciones, citaciones y pruebas disponibles.
3. Estrategia. Le explicamos las opciones, sus riesgos y los pasos a seguir, en un lenguaje claro.
4. Acompañamiento. Asistimos a cada diligencia y le informamos de cada decisión del despacho.

El equipo

Al frente de la firma está la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, socia directora, con más de 18 años de ejercicio y doctoranda de la Universidad Libre en cotutela con la Universidad de Salamanca. La acompaña el abogado senior Jorge Enrique Leal Avendaño, con más de 30 años de trayectoria. Conozca su perfil completo en nuestro equipo.